La piedra en la mano

En todo el revuelo levantado en el seno de nuestro Poder Judicial a cuenta de la imputación y la posterior suspensión del juez Baltasar Garzón se ve detrás la mano del odio. Está en la calle esta percepción y, aunque existen diversas razones para suponerlo, basta, para empezar, sólo con retener el dato objetivo de que la derecha en bloque no ha ocultado su satisfacción cuando el 14 de mayo se conocía la suspensión del conocido juez por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tan insólita ostentación causa cuanto menos estupor si entendemos que las fuerzas políticas deberían respetar las deciciones judiciales y no valorarlas con gestos que son mensajes a la opinión pública.

No es decir que el odio, este odio, provenga de algún sector del CGPJ, lo que podrá ser o no, pero tenemos un inquietante problema con la no injerencia de la política dentro de este órgano, que es quien gobierna uno de los pilares de nuestra democracia. Y algo anómalo pasa, queda claro, en la Justicia española cuando uno de los contados jueces que actúan en el plano internacional frente a los crímenes contra la humanidad va a sentarse en el banquillo imputado por el Tribunal Supremo, otro puntal del Poder Judicial español. Problemas de índole procesal o de interpretación de los códigos legislativos, recurso a la Ley de Amnistía española del 77 o al derecho penal internacional son argumentos que se han oído a lo largo de estos días, pero el caso es que el juez que primero se ha atrevido a investigar los crímenes del franquismo atendiendo las peticiones de familiares de represaliados ha sido apartado, cautelarmente eso sí, de la judicatura. Aflora el rebufo del odio en la denuncia por presunta prevaricación que contra Garzón han presentado Falange Española y el dudoso sindicato Manos Limpias, admitida a trámite por el magistrado del supremo Luciano Varela, de notoria enemistad personal con el juez acusado.

Otra vez la guerra Civil como telón de fondo. Se ve que en este país no hay manera de salir del guerracivilismo militante. No lo quiere la España reaccionaria, que habíamos pensado que ya no existía y que parece haber interpretado la investigación de los crímenes del franquismo como una afrenta. ¿A su memoria? ¿A sus principios? ¿Considera un peligro esa investigación? Ya se vio durante el largo recorrido parlamentario (2004-2007) que condujo a la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica que volver a la Guerra Civil es un tema que despierta enormes recelos entre la derecha en todos sus frentes, los moderados y los ultras. Ya se vio entonces que su maquinaria mediática estaba preparada para generar opinión contraria a que las familias de los represaliados sacaran a sus muertos de las cunetas y restituyeran, bajo el auspicio oficial del Gobierno, la dignidad de sus parientes vejados con la inhabilitación profesional y/u otros graves desafueros. Unos hechos de autenticidad cainita que habían amparado las leyes franquistas, hechas a la medida de los vencedores de la guerra, que fueron, como todo el mundo sabe aunque las cosas se nombren de diferentes maneras, quienes violaron la legalidad democrática de la II República.

Es difícil ocultar la mano de este odio reaccionario. En plena guerra, en 1937, el poeta Luis Cernuda fue terriblemente certero al hablar del odio que estaba desangrando España. Para la revista Hora de España, editada en el bando republicano, escribió una hermosa elegía 'A un poeta muerto', en memoria del malogrado Federico García Lorca cuya horrible y sórdida muerte, su brutal asesinato a manos de la ultraderecha granadina, se acababa de confirmar en aquellos momentos. En el poema, el poeta sevillano señaló con su voz de columna dórica en el desierto la causa de aquel crimen no en las pasiones políticas sino en el odio de las personas. Allí pueden leerse esos terribles versos que dicen que el odio y la destrucción perduran siempre / sordamente en la entraña / toda hiel sempiterna del español terrible / que acecha lo cimero / con su piedra en la mano...

Algo pasa en el Poder Judicial cuando la sensación en la calle es la de que dentro de sus altas instancias hay quienes interpretan la ley con la piedra en la mano. El mensaje de fondo de que la independencia judicial está criminalizada no puede traer nada bueno, y menos cuando la crisis económica castiga duramente y cuando la credibilidad de la clase política, con graves carencias en cuanto a autoridad moral, vive sus peores momentos. Pero aun así, aunque nuestro sistema judicial necesite de revisiones que se aclaman incluso desde su propio seno, todos –incluido el juez en el banquillo– debemos mantener la confianza en la Justicia española, lo que es indispensable para el correcto funcionamiento de una democracia que tanto nos costó que llegara.

Se podrá discutir que Garzón, el más prestigioso juez español dentro y fuera de nuestro país y probablemente el menos sospechoso de falta de independencia (por ejemplo instruyó el Caso Gal al igual que instruye el Gürtel), es o no un juez extremadamente ambicioso en su carrera, o que incluso sea presuntuoso o que piense quizá que es una figura providencial para la justicia universal. En cualquier caso, esto no puede ser motivo de persecución personal a través de los mecanismos de la ley interpretada hasta la letra pequeña, como es la sensación que se percibe en la sociedad desde el día 14. De momento, la suspensión cautelar ha insuflado moral a ciertos resortes de la España reaccionaria, colectivos revestidos de pluralismo político que se han erigido en salvadores de la Constitución de todos, la que también, naturalmente, les ampara a ellos. De paso, parece que la posibilidad de ver a Baltasar Garzón apartado de la instrucción de la trama Gürtel ha causado satisfacción en las filas del PP, como no se ha ocultado a la opinión pública con aspavientos que no son de recibo en un partido que aspira a gobernar desde las instituciones democráticas.

El juez de Torres (Jaén), famoso por su falta de miedo para enfrentarse al poder, puede ver ahora truncada su carrera en su propio país. Así ha leído también el Caso Garzón la prensa internacional, donde la imagen de la democracia española, o al menos la de su sistema judicial, que todos queremos que sea el propio de una democracia occidental consolidada, es hoy ya menos transparente que hace unos días.

[Publicado en la sección 'Este país' en el nº 2008 (24-30 de mayo de 2010) del semanario Cambio 16]